La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y ordenó la liquidación de la histórica cadena de electrodomésticos

El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 dispuso el cierre definitivo de la empresa tras años de crisis financiera. Supo tener más de 200 sucursales y 4.500 empleados en todo el país.

La Justicia argentina decretó la quiebra definitiva de Garbarino, poniendo fin a uno de los procesos de salvataje empresarial más prolongados de los últimos años en el país.
 
La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, quien resolvió avanzar con la liquidación final de la compañía al considerar que ya no existían condiciones para sostener el proceso de reestructuración.
Con la resolución judicial, la empresa queda formalmente inhabilitada para continuar con la explotación comercial y se inicia el proceso de liquidación de sus activos.
 
Cinco años de crisis y un concurso sin salida
La cadena atravesaba una profunda crisis financiera desde hacía al menos cinco años. El concurso de acreedores se había iniciado en noviembre de 2021, en un intento por reorganizar sus compromisos económicos y garantizar la continuidad del negocio.
 
Sin embargo, durante ese tiempo la firma no logró renegociar su deuda ni atraer inversores que permitieran sostener su actividad.
 
 En la resolución judicial también se dispuso mantener la inhibición general de bienes de la compañía, el cierre de sus cuentas bancarias y restricciones para los directivos, quienes no podrán salir del país sin autorización del tribunal.
 
A partir de ahora, la sindicatura deberá avanzar con la identificación y liquidación de los bienes de la empresa, salvo que aparezcan interesados en adquirir activos o la marca.

De líder del mercado a una estructura mínima
Garbarino fue fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino y llegó a convertirse en una de las principales cadenas de venta de electrodomésticos y productos tecnológicos del país.
 
Durante su etapa de mayor crecimiento, la empresa alcanzó una red de más de 200 sucursales en distintas provincias y llegó a emplear a cerca de 4.500 trabajadores.
Con el correr de los años, la estructura se fue reduciendo de manera drástica. En los últimos meses la compañía contaba con apenas 20 empleados y mantenía abiertos solo tres locales en la Ciudad de Buenos Aires, ubicados en avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano, sobre calle Uruguay frente a Tribunales y un outlet en el barrio de Almagro.
En esos comercios se había iniciado recientemente la liquidación del stock disponible.

Ventas mínimas y mercadería sin valor comercial
El último informe presentado por la sindicatura reflejó el deterioro de la actividad. Durante enero, la empresa registró ventas por apenas $1.769.581.
 
El inventario contabilizado al 31 de ese mes incluía 1.597 unidades, muchas de ellas consideradas mercadería obsoleta o deteriorada, con escaso valor comercial.
 
En paralelo, el histórico centro logístico de La Tablada dejó de operar y únicamente permanecía activo un depósito ubicado en Garín, con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados.

Intentos fallidos para salvar la empresa
A lo largo del proceso judicial se analizaron distintas alternativas para intentar rescatar la compañía.
 
Entre los interesados que evaluaron invertir en la firma estuvo el fondo Inverlat, propietario de la marca Havanna, aunque las negociaciones no prosperaron.
 
También se activó el mecanismo de salvataje conocido como cramdown, que permite a terceros presentar propuestas para quedarse con la empresa. No obstante, ninguna oferta concreta llegó a formalizarse.
 
La única firma que se inscribió en el proceso fue Vlinder, aunque finalmente no avanzó con una propuesta de reestructuración.
 
El cierre de una etapa
Garbarino había sido adquirida en 2020 por el empresario Carlos Rosales, quien también había comprado otros activos del grupo vinculados a la compañía.
 
Con la quiebra ya decretada, todos esos bienes pasarán a formar parte del proceso de liquidación judicial.
 
En tanto, los acreedores, entre ellos entidades bancarias, proveedores y extrabajadores, tendrán plazo hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos en el proceso de determinación final del pasivo de la empresa.

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