El Congreso ratificó un ajuste estructural que reduce los fondos para educación superior un 33,8% respecto a 2023. La derogación de leyes de financiamiento garantiza un piso histórico de inversión del 0,47% del PBI.
El sistema universitario argentino se enfrenta a su mayor desafío financiero en décadas. Con la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026, el Congreso de la Nación ha formalizado un recorte que retrotrae la inversión estatal a niveles que no se veían desde 2005. La pieza clave de esta reconfiguración es el polémico artículo 30, que deroga la obligatoriedad del Estado de garantizar un piso de financiamiento del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para el sistema educativo, rompiendo un consenso que regía desde la sanción de la Ley 26.206.
El fin de las metas de inversión obligatoria
La nueva normativa no solo ajusta las partidas, sino que modifica el marco legal que protegía la educación y la ciencia. Al eliminar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, el Gobierno queda eximido de cumplir con la meta del 6% del PBI. En términos específicos para la Educación Superior, la inversión para 2026 caerá al 0,47% del PBI, por debajo del 0,49% registrado este año y lejos del pico del 0,87% alcanzado en 2017.
Este retroceso no es solo una cifra macroeconómica; representa el desfinanciamiento de instituciones que dependen en un 90% de las transferencias nacionales. A diferencia de la educación primaria o secundaria, donde las provincias pueden absorber parte de los costos, las universidades nacionales no tienen fuentes alternativas de ingresos de tal magnitud.
Salarios y fuga de cerebros: la erosión interna
El impacto más corrosivo del ajuste se siente en la nómina salarial, que consume el 88% de los fondos universitarios. Según un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los salarios de docentes y no docentes perdieron cerca del 30% de su poder adquisitivo hacia el primer semestre de 2025.
«El congelamiento salarial precariza unos ingresos que de por sí ya son bajos», advierte Pablo Monk, docente universitario. Monk subraya que la crisis ya está provocando un éxodo académico: muchos investigadores y profesores están abandonando las aulas locales para desarrollar sus carreras en el extranjero ante la imposibilidad de sostener una vida digna con los haberes actuales.
Ciencia, técnica y becas: el derrumbe periférico
El recorte se extiende como una mancha de aceite hacia todas las áreas complementarias de la vida académica:
Becas estudiantiles: Acumulan una caída real del 76,6% respecto a 2023, lo que pone en riesgo la permanencia de los sectores más vulnerables.
Ciencia y Tecnología: El presupuesto caerá un 48,8%, tras la derogación de los artículos que garantizaban un aumento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032.
Educación Técnica: Es el sector más castigado, con una caída proyectada del 93%. La eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional deja a estas escuelas sin el piso garantizado del 0,2% del PBI.
Infraestructura y calidad académica
Más allá de los salarios, el 12% restante del presupuesto —destinado a investigación, extensión y hospitales universitarios— se encuentra en niveles de asfixia. La falta de insumos, el mantenimiento edilicio postergado y la reducción de proyectos de investigación «condenan al alumnado a cursadas irregulares», según denuncian desde los gremios docentes.
Incluso bajo la optimista proyección oficial de una inflación del 10,1% para el próximo año, los recursos para educación superior apenas crecerían un 0,8% nominal frente a 2024, lo que en términos reales no alcanza para compensar el derrumbe acumulado desde el inicio de la actual gestión. El horizonte de 2026 se presenta como un año de subsistencia mínima para el prestigio de la educación pública argentina, publicó La Urbe.