Directivos de la escuela Agrotécnica y un empresario en la mira de la justicia por la tala encubierta de árboles con valor histórico y de patrimonio público
Un contrato firmado por la directora y la jefa de Producción de la Escuela Agrotécnica N° 24 Gral. San Martín de Colonia Yeruá sirvió como cobertura para lo que la Justicia investiga como un millonario robo de madera al municipio de Estancia Grande. La maniobra, camuflada bajo un supuesto acuerdo para tareas de limpieza, poda y control de acacias negras en los alrededores del establecimiento, habría permitido la tala y extracción de eucaliptos colorados desde un predio municipal alambrado.
Según estimaciones, al menos tres camiones cargados con unos 40 mil pies de madera —valuados en cerca de 20 millones de pesos— salieron por el camino que conecta directamente con la escuela. Parte del material, ya elaborado, fue hallado disperso en el campo cuando intervino la policía, en lo que parecía un aserradero clandestino. La denuncia recayó en la fiscalía del Dr. José Arias, quien ordenó secuestrar lo encontrado y restituirlo al municipio.
Hasta ahora, se recuperaron seis chasis con unos 24.000 pies de madera, aunque gran parte ya había sido retirada. Las huellas de los camiones y la raíz expuesta de una única acacia negra cortada para facilitar el paso del vehículo terminan de delinear el escenario del presunto delito. Entre los ejemplares talados había árboles centenarios que, según registros locales, ya estaban en pie cuando por esa zona pasó José Gervasio Artigas durante el Éxodo Oriental.
El hecho se conoció el pasado 31 de julio, cuando un vecino denunció que un grupo de operarios con maquinaria pesada talaba árboles en un terreno público. Ante el arribo de personal del municipio, las personas que se encontraban talando y aserrando madera afirmaron contar con un contrato firmado con la institución educativa.
El documento, fechado el 5 de mayo de 2025, lleva la firma de la rectora Norali Paleico y de la jefa de Producción, Romina Zobka. Allí se habilita al ciudadano Marcos Dos Santos, de Pedernal, a realizar tareas de limpieza, poda y raleo en el predio escolar. A cambio, el contratista recibiría la madera producto de esas labores. Pero el propio contrato, contradictoriamente, se titula como “Contrato de Venta de Eucaliptos Colorado”.
El contrato que dio pie a este presunto delito presenta numerosas irregularidades como la falta de mensura, inventario previo y tasación de la madera, ni delimitación precisa del área de intervención.
Por otro lado, según testimonios de lugareños, la institución escolar contaba con apenas una media docena de eucaliptos, mientras que la madera extraída equivale a unas 15 cargas completas, lo que confirma que la mayor parte del volumen fue sustraída del terreno municipal o abandonada en el lugar antes que arribara la policía.
Las imágenes tomadas por personal del municipio muestran una máquina de aserrar madera instalada en el corazón del predio alambrado. Allí, bajo el amparo de la cortina de árboles, se producían tablones, tablas, postes, varillas y portales de entrada. La máquina desapareció del lugar antes de que llegara la policía, pero luego fue hallada oculta dentro de la escuela.
También se encontró una lista de supuestos clientes. A esto se suma que el esposo de la directora —según fuentes del caso— se dedicaría al comercio de la madera y habría recomendado al empresario Dos Santos para las tareas acordadas.
En paralelo, desde el municipio de Estancia Grande remarcaron a este medio que el terreno donde ocurrió la tala conserva árboles de entre 100 y 150 años, que forman parte del patrimonio histórico de la región, ya que por esa zona —según registros históricos— pasó José Gervasio Artigas durante el Éxodo Oriental.
La justicia deberá determinar ahora si el convenio fue la cobertura para un negocio forestal encubierto, un saqueo planificado de parte de un aserradero clandestino que operó durante semanas en tierras públicas, bajo el aval de un contrato escolar firmado por dos autoridades del establecimiento. La justicia también buscará establecer el destino de los cargamentos extraídos y las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados, publicó Diario Junio