Mientras suben las tarifas y van multiplican los cortes de suministro, crecen los negocios. El agua queda en manos del mercado y la empresa genocida israelí aparece como favorita en una licitación a medida del saqueo y el colonialismo.
El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su ofensiva privatizadora: AySA, la empresa pública que presta el servicio de agua potable y saneamiento en CABA y el Conurbano, es entregada al capital privado. Tras la aprobación de la Ley Bases y con la modificación del marco regulatorio mediante el DNU 493/2025, se autoriza la privatización total con el nuevo decreto 494/2025. Escandalosamente, también se habilita a la empresa –y a la futura concesionaria privada– a cortar el servicio por falta de pago. En un país donde todos los días se ajusta a los de abajo, esto significa dejar a miles sin acceso a un derecho humano esencial.
Esta película ya la vimos, los argumentos del gobierno son los mismos que escuchamos en los 90: que el Estado es ineficiente, que la empresa genera déficit y que la privatización traerá inversiones y modernización. Sin embargo, los propios antecedentes locales desmienten estas promesas. Bajo gestión privada en los años de Aguas Argentinas (1993-2006), la falta de obras, los incumplimientos de calidad y los tarifazos estuvieron a la orden del día.
Cuando AySA volvió a manos estatales en 2006, se amplió el acceso a millones de personas y se mejoró la cobertura de cloacas, aunque siempre por detrás de las necesidades sociales. Pero incluso en 2024, el propio balance de AySA muestra superávit tras los tarifazos, lo que el Gobierno utiliza para seducir a los inversores. Administrada como un negocio, la mercantilización del agua sólo beneficia a un puñado de empresarios y fondos extranjeros, mientras la mayoría vamos a tener aumentos demenciales y servicios cada vez peores.
Los pasos previos para la privatización fueron, primero, la eliminación de ENOHSA, el principal organismo de obras hídricas, y la transferencia de sus recursos a la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Después, la eliminación de los subsidios, provocando subas de tarifas de hasta 1500%. Ahora, directamente se habilitan los cortes de servicio a quienes no pueden pagar. El llamado a licitación se hará antes de fin de año, con adjudicación prevista para 2026: el 51% de las acciones irá a un privado, el 39% a la Bolsa y un 10% en manos de los empleados.
Mekorot, Israel y el peligro de la política colonial
Entre los nombres que suenan fuerte para quedarse con AySA aparece Mekorot, la empresa estatal israelí del agua. Mekorot no es cualquier transnacional, está denunciada internacionalmente por implementar un “apartheid hídrico” contra el pueblo palestino, restringiendo el acceso al agua en los territorios ocupados y priorizando el abastecimiento a colonos y negocios israelíes.
Mientras cada israelí consume 300 litros diarios, en Cisjordania y Gaza –según la OMS– los palestinos apenas accedían a 70, y en comunidades rurales sólo a 20 litros. El 97% del agua en Gaza no es potable y una de cada cuatro muertes evitables está asociada al agua contaminada. El genocidio en curso está llegado a la brutalidad de hacer elegir a millones de palestinos entre morir de hambre o ser disparados por los soldados israelíes.
La empresa israelí ya desembarcó en la Argentina en 2022 de la mano de acuerdos opacos en los que participó Wado de Pedro, Ministro del Interior bajo el gobierno de Alberto Fernández. Estos acuerdos fueron firmados entre diez provincias y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) sin consultar a las comunidades, y son denunciados fuertemente en todo el país por la campaña Fuera Mekorot. En estos contratos, la propiedad intelectual queda en manos de la empresa israelí y se rige por tribunales extranjeros. La reciente visita de Milei a Netanyahu y su alineamiento total con Israel y el imperialismo yanqui terminan de pintar el cuadro: nos quieren imponer un modelo colonial y extractivista, donde el agua se convierte en una mercancía para ser entregada a negocios privados.
Mekorot no sólo tiene antecedentes de discriminación y violación de derechos humanos, sino que además promueve la mercantilización del agua, diferenciando precios y calidades según la capacidad de pago y favoreciendo los intereses de la megaminería y el agronegocio. Ya firmó acuerdos para diseñar «planes maestros» en provincias históricamente saqueadas por la megaminería y otros extractivismos, y busca replicar su modelo en Uruguay y otros países latinoamericanos.
Recuperemos el agua, un derecho vital
El Estado argentino no sólo se desentiende de garantizar el acceso al agua, sino que habilita a privados a hacer negocio con un derecho esencial. El resultado ya lo conocemos: más familias obligadas a comprar bidones o filtros caros, tarifas impagables, servicios recortados y una desigualdad que se profundiza. La experiencia demuestra que la privatización del agua nunca trajo mejores servicios ni ampliación de derechos, sino todo lo contrario: precarización laboral, desinversión y saqueo de nuestros bienes comunes.
El agua al que accedemos está contaminada con agrotóxicos, con metales pesados como el arsénico y una parte de la población ni siquiera tiene acceso a una canilla o cloacas. Pero no necesitamos empresarios saqueadores ni multinacionales con prontuario colonial que no van a garantizar agua potable y saneamiento. La única salida real es avanzar hacia la nacionalización plena de AySA, bajo control y gestión directa de sus trabajadores y los usuarios de CABA y el Conurbano. Porque el agua no es una mercancía: es un derecho fundamental que debemos defender, organizándonos desde abajo y enfrentando a quienes quieren robarnos hasta lo más vital, para tirar abajo estos decretos. Quienes dicen defender la soberanía hídrica no pueden mirar para otro lado.
La Izquierda Diario