La salud privada en la región atraviesa un momento crítico. El Sanatorio Concordia, actor fundamental en la red sanitaria del departamento, formalizó una restricción en sus servicios para los jubilados y pensionados de la obra social nacional. La medida responde a un desfasaje financiero que la institución califica como «insostenible», producto de la brecha entre la inflación y los aranceles percibidos.
Andrés Lemesoff, director médico del sanatorio, detalló la compleja realidad económica que motivó la decisión. Según el profesional, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 292% en los últimos dos años, los incrementos de la obra social no acompañaron ese ritmo.
“El aumento que nos ha otorgado PAMI en estos 24 meses arroja un 100% menos; eso, sin hacer muchas cuentas, genera graves atrasos arancelarios”, sentenció Lemesoff, subrayando que la falta de liquidación de incentivos y el diferimiento de pagos a 30 días agravan la operatividad diaria.
Ante la imposibilidad de cubrir los costos operativos, la dirección del centro de salud implementó un esquema de atención restringido que ya afecta a miles de usuarios de Concordia y zonas aledañas como Colón y distritos vecinos:
Cirugías programadas: Suspendidas aquellas que no revisten urgencia ni riesgo de vida.
Consultas de especialistas: Suspendidas desde esta semana.
Guardia médica: Únicamente se atienden casos de «urgencia y emergencia».
Lemesoff reconoció el impacto social de la medida: “Hace dos o tres semanas se restringieron parcialmente ciertos servicios como son las cirugías programadas que no son urgentes y que no ponen en riesgo la vida del paciente; desde el día de ayer se suspendieron las consultas con especialistas”.
La problemática en Concordia adquiere una dimensión mayor que en otras localidades entrerrianas debido al volumen de pacientes que dependen exclusivamente de este prestador. El sanatorio gestiona una cápita fija de 15.000 afiliados para internación y brinda cobertura de alta complejidad a un padrón de casi 40.000 personas.
Además del aspecto sanitario, preocupa el frente laboral. La institución sostiene de forma directa a 145 empleados y cerca de 80 profesionales médicos, además de un centenar de proveedores indirectos que dependen de la cadena de pagos del sanatorio.
Pese a que las autoridades locales del sanatorio mantienen un diálogo frecuente con la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI, las soluciones de fondo parecen estar estancadas en las oficinas nacionales del organismo.
“A mí me toca estar de este lado del mostrador, que es salvaguardando los recursos y los puestos de trabajo, tanto médicos y no médicos, para poder seguir operando”, expresó el director médico, quien concluyó aclarando que, si bien advirtieron sobre esta situación hace 15 días a las autoridades correspondientes, hasta el momento no se ha recibido ninguna propuesta concreta desde la administración central de la obra social.
Fuente: Ahora y El Entre Ríos